En una reunión tensa y emocionante en Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se convirtió ayer en el escenario de un debate candente sobre el derecho de asilo diplomático, después del caso de la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, quien encontró refugio en la embajada mexicana en Lima. El canciller peruano Hugo de …
México y Perú estallan en confrontación en la OEA por la política de asilo: el caso Betssy Chávez desencadena una crisis institucional en el hemisferio sur.
En una reunión tensa y emocionante en Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se convirtió ayer en el escenario de un debate candente sobre el derecho de asilo diplomático, después del caso de la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, quien encontró refugio en la embajada mexicana en Lima. El canciller peruano Hugo de Zela presentó una propuesta para replantear este derecho, inscrito en la Convención de Caracas de 1954, ante el Consejo Permanente de la OEA.
La reacción de México fue contundente: su embajadora ante el Consejo Permanente, Luz Elena Baños Rivas, repudió la demanda peruana, argumentando que la OEA no es competente para evaluar esas demandas. Según ella, la organización no tiene la autoridad para reformar un derecho internacional establecido hace más de 65 años.
La tensión en la sala se hizo palpable cuando el canciller peruano expresó su preocupación por el caso de Chávez, quien fue obligada a renunciar al poder después de una serie de protestas y manifestaciones que exigían su salida del gobierno. Según De Zela, el derecho de asilo diplomático debe ser revisado para proteger a las líderes políticas que enfrentan presiones y persecuciones en sus países.
México, sin embargo, se mostró inflexible. La embajadora Baños Rivas destacó que la OEA no es un tribunal ni una instancia judicial que pueda evaluar las solicitudes de asilo diplomático. “No se puede utilizar el derecho de asilo diplomático como un mecanismo político para proteger a líderes políticos”, sostuvo.
La discusión se centró en la Convención de Caracas, firmada por 21 países americanos en 1954, que establece los procedimientos para la otorgación del derecho de asilo diplomático. La propuesta peruana busca revisar este acuerdo para hacerlo más efectivo y proteger a las líderes políticas que enfrentan situaciones difíciles.
La OEA ha sido objeto de críticas por no haber tomado medidas efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos y las líderes políticas que enfrentan persecuciones en sus países. El caso de Chávez es un ejemplo paradigmático: después de ser obligada a renunciar al poder, se refugió en la embajada mexicana en Lima, lo que generó una controversia política y diplomática.
La discusión sobre el derecho de asilo diplomático tiene implicaciones importantes para la democracia y los derechos humanos en América Latina. Si la OEA no puede o no quiere replantear este derecho, ¿quién puede proteger a las líderes políticas que enfrentan persecuciones y presiones en sus países? La respuesta a esta pregunta seguirá pendiendo en el aire mientras se desarrolla esta controversia política y diplomática.
