Avanzan en Senado reformas para elección de juzgadores; se aprueban este miércoles 

Con 22 votos a favor y 6 en contra, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado, aprobaron en lo general las reformas que envió este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum donde se detalla la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio de 2025.

Los cambios a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y a la Ley de Medios de Impugnación, son para reglamentar lo que no viene establecido en la Constitución.

Ahora se espera que durante la sesión de este miércoles, el pleno del Senado avale estas reformas donde se establecen las reglas que el Instituto Nacional Electoral (INE), deberá seguir para organizar estas elecciones.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, La morenista Margarita Valdez defendió las iniciativas y pidió que la elección de los juzgadores no debe de ser vilipendiada sin aún saber de su resultado.

El senador del PAN y dirigente nacional de ese partido, Marko Cortés advirtió que con estas reformas al Poder Judicial se está provocando un conflicto entre poderes pero también con organismos internacionales a los cuales México pertenece.

Pidió a Morena no legislar sobre las rodillas y advirtió sobre los riesgos que traerá consigo esta reforma donde el gobierno federal y su partido tomarán por asalto al Poder Judicial pero también el crimen organizado.

“Ya estoy viendo al Crimen Organizado decidir quien puede participar o no e esta elección y el sueño dorado del Crimen organizado: tener jueces de consigna”, alertó

Las modificaciones aprobadas especifican que el Senado se encargará de emitir la convocatoria general a los tres poderes de la Unión para integrar el listado de las candidaturas de jueces, magistrados y ministros.

“Los procesos serán públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y deberán garantizar la participación de todas las personas interesadas que cumplan los requisitos”, se establece

Se señala que cada poder de la Unión instalará un comité evaluador, conformado por cinco personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, observando la paridad de género.

Estos comités publicarán dentro de los 15 días naturales posteriores a su integración, las convocatoria para participar en el proceso de evaluación y selección de postulaciones.

Una vez concluido el plazo para inscribirse en las convocatorias, los comités publicarán la lista de las personas aspirantes que hayan reunido los requisitos constitucionales de elegibilidad.

Luego, procederán a calificar la idoneidad de los perfiles para desempeñar el cargo al que aspiran, tomando en cuenta su perfil curricular, los antecedentes profesionales y académicos.

El último paso de esta etapa son entrevistas públicas a las personas aspirantes para evaluar su competencia y sus conocimientos técnicos.

En el dictamen se establece que los aspirantes podrán participar de manera simultánea en dos o más convocatorias emitidas por otros poderes de la Unión por el mismo cargo y circuito judicial o circunscripción plurinominal.

Al final del proceso, los comités elegirán a 10 candidatos por cada cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado electoral y magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina, y 6 candidatos por cada cargo a magistrados colegiados de distrito y por cada juez de distrito.

Finalmente emitirán las listas a cada poder de la Unión para que determinen su conformidad.

Mediante la insaculación pública quedarán sólo tres candidatos por cada cargo de ministro, magistrado electoral y del Tribunal de Disciplina y dos candidaturas por cada cargo de magistrados colegiados y jueces de distrito.

A más tardar del 1 de febrero los poderes podrán remitir las listas al Senado.

En las reformas se establecen cuáles serán funciones que tendrá el INE:

1.- Aprobar el modelo de la boleta, documentación y materiales electorales.

2.- Administrar y distribuir el tiempo que correspondan al Estado en radio y televisión y emitir las reglas y pautas para garantizar este derecho.

3.- Organizar y desarrollar, en su caso, foros de debate entre las personas candidatas y establecer las bases para que las instituciones del sector público, privado o social puedan brindar dichos espacios de manera gratuita, garantizando condiciones de equidad.

4.- Vigilar que ninguna persona candidata reciba financiamiento público o privado en sus campañas.

5.- Determinar los topes máximos de gastos personales de campaña previstos y establecer las reglas de fiscalización.

6.- Garantizar que ninguna persona candidata contrate por sí o por terceras personas espacios en radio o televisión, internet o cualquier otro medio de comunicación para promocionar su candidatura.

7.- Supervisar que ningún partido político o persona servidora pública realice actos de proselitismo o posicionamientos a favor o en contra de candidatura alguna, entre otras.

El dictamen se envió a la Mesa Directiva para ser puesta a discusión y en su caso aprobación en la sesión de este miércoles.