La Unesco y la IAP se unen para poner fin a la impunidad contra periodistas

Ambas organizaciones buscan lanzar nuevas directrices para los fiscales en casos de delitos contra periodistas, para que no se escatimen esfuerzos y hacer justicia

La Unesco y la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) anunciaron una alianza para promover la seguridad de los periodistas y poner fin a la impunidad.

A través de un acuerdo, durante el paso Día Mundial de la Libertad de Prensa, ambas organizaciones buscan lanzar nuevas directrices para los fiscales en casos de delitos contra periodistas.

Las cifras de impunidad son alarmantes, pues de cada 10 asesinatos contra periodistas en el mundo, nueve casos siguen sin resolverse judicialmente, de acuerdo con datos de la Unesco.

Las directrices para fiscales durante la investigación y juicio por casos de delitos contra periodistas identifican los elementos clave a considerar en el proceso de toma de decisiones cuando se comete un presunto delito contra un periodista y proponen una serie de elementos a tomar en cuenta al momento de proceder con la investigación y juicio de estos casos.

“La Unesco se compromete a apoyar la labor de los fiscales a fin de garantizar que no se escatimen esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables de ataques y crímenes contra periodistas. Los periodistas del mundo entero deben poder realizar su esencial labor con libertad y seguridad.”, señaló en un comunicado.

La organización señaló que las directrices también tienen como meta mejorar el conocimiento y las capacidades de los fiscales al brindar información para la realización o supervisión de las investigaciones y asesoría a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Así como identificar etapas y determinación de procesos en casos de delitos contra periodistas; y preservar la protección de las fuentes periodísticas.

Las directrices establecen las condiciones específicas para la protección de víctimas, testigos, inmunidades y ventajas para los testigos que colaboran, a la vez de examinar el tema de la asistencia judicial recíproca (AJR), el uso de pruebas electrónicas y las solicitudes de extradición en materia penal.

También reconocen las especificidades de los delitos de género y otras formas de delitos motivados por prejuicios contra periodistas y analizan el papel de los fiscales en jurisdicciones posteriores a conflictos y cuestiones de justicia transicional.

Con este acuerdo se busca ampliar la formación especializada en cuestiones relacionadas con la libertad de expresión al ámbito de los fiscales.

Desde 2013, en el marco de la emblemática Iniciativa para Jueces de la UNESCO, más de 17 mil agentes judiciales y representantes de la sociedad civil de América Latina, África y la región árabe recibieron formación sobre normativa internacional y regional relativa a la libertad de expresión y seguridad de los periodistas.

En dicho acuerdo se inscribe en el marco de la puesta en práctica del Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas y la cuestión de la Impunidad, el cual busca crear un entorno libre y seguro para periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

Las Directrices para los Fiscales sobre los casos de crímenes contra periodistas se presentaron durante la sesión en línea de la UNESCO en ocasión de la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa para conmemorar el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 2020.

El lanzamiento de las directrices marca la puesta en funcionamiento del acuerdo firmado entre la Unesco y la IAP el 3 de diciembre de 2020. El acuerdo apoya, en especial, la cooperación para encarar el problema de la impunidad por delitos y ataques contra periodistas.

Como responsables de iniciar juicios y, a menudo, supervisar las investigaciones penales, los fiscales tienen un papel crucial que desempeñar en la protección de los periodistas, quienes son a menudo amenazados o atacados por realizar su trabajo, particularmente, cuando investigan asuntos de corrupción y delitos públicos.